No al 2X1: el único camino posible

Por Jerónimo Guerrero Iraola, secretario General de Diecisiete.


El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del caso Rufino Batalla retoma la senda de construcción de Memoria, Verdad y Justicia, cuya vigencia requirió un gran acuerdo cívico, social y cultural. La nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida fue el corolario de un largo camino transitado por las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos que encuentra, en los juicios por la verdad, una táctica potente a los fines de generar el músculo ciudadano que luego fue articulado por y desde el Estado.

Por ello, resultó tan disonante el fallo “Muiña” del 3 de mayo de 2017. La Corte, en un giro inexplicable, se apartó de una de las tradiciones más valiosas que supo construir: una jurisprudencia respetuosa de las normas (¡y obligaciones!) internacionales, faro en materia de verdad y justicia, y contemplativa del ominoso padecimiento al que el Estado argentino sometió, durante años, a las víctimas del terrorismo de Estado.

Tal fue la ruptura del aludido “contrato” social en relación al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, que la sociedad salió a las calles en una marcha que quedará impresa en la retina de todos y todas quienes militamos por un mundo libre del temor y la miseria. Frente a ello, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.362, cuyo artículo 1° excluía del cómputo del 2X1 (modo de computar el tiempo de prisión preventiva para definir cuándo se cumple la condena) a “conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”.

En ese sentido, la sentencia conocida ayer en el marco del caso Rufino Batalla retoma la tradición de la verdad y la justicia en tanto política de Estado. Sin embargo, no se debe soslayar el hecho de que, de no haber sido por la inmediata reacción popular al fallo “Muiña” y el reflejo del Congreso, Argentina hubiese retrocedido en relación a la consagración de los derechos fundamentales.

Por ello, frente a un clima de época en que el rasgo invariable es la retracción en materia de derechos humanos, con tanto aún por hacer, nietos y nietas por recuperar, genocidas por condenar y causas abiertas, como aquella en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares argentinos en perjuicio de soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas, resulta indispensable que comprendamos que estas instancias requieren de organización.

El Estado argentino está obligado por numerosos instrumentos internacionales a garantizar a las víctimas el acceso a Justicia, y a no generar instancias que puedan redundar en nuevas vulneraciones de derechos, es decir, revictimización. El pueblo argentino, por su parte, tiene el derecho de conocer la verdad. La posibilidad de construir un modelo democrático sólido requiere que se condene a los artífices del plan sistemático de exterminio instrumentado durante la dictadura cívico militar.

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